Interesante artículo éste de El País que explica como las constructoras constructoras han comenzado a reclamar más seguridad jurídica y menos incertidumbres para la financiación privada de las infraestructuras.
"Las constructoras", explica el periódico, "se ven abocadas cada vez más a convertirse en concesionarias y financiadoras de las obras públicas, dada la clara apuesta del Gobierno por las fórmulas público-privadas para canalizar inversión fuera del presupuesto. El Ministerio de Fomento trata de poner en marcha un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) para movilizar 17.000 millones de euros en los próximos años, que las empresas aplauden, pero sobre el que plantean muchas dudas".
Como bien se explica en el artículo, el principal problema es el riesgo, especialmente, a la hora de quedarse sin financiación pues hay que convencer a los bancos de que éstas obras son rentables - serán rentabilizadas- y de que su dinero no corre ningún riesgo financiándolas.
Se abre un debate interesante en un sector que, como bien se indica en el mismo artículo, está en un momento muy difícil, al ser muchas las empresas que ofrecen sus servicios y muy pocas las obras públicas que se realizan por el recorte en infraestructuras de los presupuestos tanto nacionales como de las distintas autonomías.
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